Antonio Mario Molina Guzmán
Uno de los constructos sociales más complejos es el Estado, en cuanto estructura e ideas capaces de modelar una sociedad, definir rumbos y períodos de su historia. Retomando el hilo de los anteriores artículos focalizamos el escenario de las culturas, como «Sistema de conceptos e instituciones» según Larry Shiner(*). Apelando a este útil teórico, auscultemos qué sí y qué NO ha ocurrido en materia de cultura, en la estructura y en la superestructura, desde la Asamblea Constituyente hasta ahora, a 12 años de vigencia de la Constitución.
No cabe la menor duda que el texto constitucional es producto de prolongados procesos de acumulación política de fuerzas sociales distintas, maduración de experiencias, unas de fracaso como la derrota en Calamarca de la Marcha por la Vida de 1986 que cerró el ciclo estatal inaugurado en 1952, período que nació con una impronta rural profunda, con orientación ideológica obrera que marcó la agenda en la construcción de la estatalidad e institucionalidad pública, y la urdiembre cultural nacional y popular. Pero también es producto de triunfos inapelables como la reconquista de la democracia y la Marcha por el Territorio y la Dignidad de 1990 -para citar hitos-, treinta y ocho años después del 52. El 2009, los otrora difuminados «compañeros campesinos» (categoría homogeneizadora del MNR), forjaron su imagen nítida, en su propia lengua enseñaron a pronunciar sus nombres y el de sus naciones. Hasta ahora, 35 pueblos originarios junto a los afro-descendientes, han pirograbado en la historia y en la conciencia de quienes nos reclamamos bolivianos, que su existencia es un derecho en tanto se los reconozca en su peculiaridad identitaria, ya no como demanda, más como derecho humano constitucionalizado. Este el rasgo esencial de los tiempos que vivimos.
En artículo anterior, abundamos en la caracterización de la adscripción constitucional a los horizontes holísticos del concepto de cultura, que nos provee la antropología según M. Shalins:“…es decir, el conjunto de rasgos distintivos que caracterizan el modo de vida de un pueblo o de una sociedad…”(**) Las “Bellas Artes” ahora son solo una parte de un escenario mayor de las manifestaciones culturales del mega conglomerado socio cultural y etnológico, que es el sustrato de la formación social boliviana. Se ha operado una transformación conceptual de proporciones.
Los alcances del concepto de cultura de nuestra carta magna tiene un horizonte muchísimo más amplio que el que tuvieron las anteriores; a guisa de ilustración citamos: idiomas (Art. 5), artes (Art. 101), educación (Art. 30-II-12), manifestaciones culturales (Art.100), medicina tradicional (Art.30-II-9), interculturalidad (Art.9-3) economía (Art. 9-II-14), justicia (Art.190-192), agricultura (Art.304-19), medioambiente (Art. 30-II-10), minería y RRNN (Art. 30-II-15,17), organización social (Art.30), democracia propia (210-211), religión (Art. 30-II-7), y un largo etcétera.
Retomando a Shiner, queda comprobado que los CONCEPTOS de culturas SÍ están definidos; lo que NO se ha hecho es crear las INSTITUCIONES dentro del propio Estado para poder dar cumplimiento a los preceptos constitucionales. La evidencia empírica nos pone de frente a un escenario dislocado e incoherente; desde la Asamblea Constituyente y, a lo largo de los doce años posteriores, los asambleístas primero y los gobiernos posteriores después, han sido incapaces de imaginar y diseñar la institucionalidad estatal que permita echar a andar semejante bagaje conceptual.
A la vieja estructura ministerial solo se le ha cambiado denominativos, se le ha provisto y disminuido competencias, inútilmente por más de una década; porque lo que no se ha abordado es la solución técnica para rediseñar la ingeniería organizacional, operativa y presupuestaria que supone la adopción del concepto de cultura establecido por la Asamblea Constituyente; lo que a su vez debiera desembocar en el establecimiento de la Máxima Autoridad Ejecutiva (M.A.E.) de culturas, con facultades y competencias suficientes como órgano rector sectorial, para organizar y dirigir el conjunto normativo. La institucionalidad requerida excede y con mucho la estructura actual del Ministerio de Culturas, D. y D.
En medio de este escenario de baldosas sueltas y cortocircuitos, existe un cuadrante perfectamente iluminado, con escenografía detallada y libreto –léase Constitución- claro como el agua: Capítulo 4to: «Derechos de las Naciones y Pueblos Originario Campesinos». [En el Título I: «Bases Fundamentales del Estado»; de la Primera Parte. (La nomenclatura detallada tiene la intención manifiesta de subrayar la importancia absoluta que la propia Constitución le otorga; constituye el desarrollo normativo del bagaje conceptual explanado en el Preámbulo, entendido como la quilla del texto constitucional que desbroza el rumbo)]
¿Qué tiene que ocurrir para que –por lo menos– este ámbito sea trabajado desde el ministerio?
En algún rincón de la casona colonial de la calle Potosí de La Paz, languidece lo que nació como INAR, inexplicablemente degradado a “unidad” (algo así como de coronel a cabo); todo indicaba que la antropología y la arqueología iban a ser las disciplinas científicas estrella del ministerio. (Una mirada a las páginas WEB y video-conferencias con el MNAAHP del Perú o con el MNA-INAH de México, pueden dar ciertas pautas.).
El último viraje virulento del ministerio es la decisión de desconectarse del mundo artístico urbano (artistas, gestores, creadores y gremios especializados); después de concluir que ya no son “interlocutores válidos”; los que sí son ahora, son los movimientos sociales. Habrá oportunidad para conocer razones, fundamentos y resultados.
Las manifestaciones culturales urbanas, salvando el cada vez más desaliñado Premio Eduardo Avaroa y una febril actividad, íntegramente burocrática de patrimonialización a la carta, han ido menguando y desapareciendo paulatinamente de la agenda de actividades y patrocinios que desarrollaba el ministerio. Ello posiblemente explique el privilegiado y protagónico rol que tiene hoy la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia (FCBCB), que parecería haber tomado la posta del ministerio. Este acápite merece ser abordado y analizado específicamente.
Los golpes de timón sorpresivos que han sido la constante en la gestión ministerial, van a encontrar rumbo y dirección, cuando la estructura institucional encuentre coherencia con el riquísimo catálogo conceptual y normativo de la Constitución, solo así sabremos si avanzamos y a qué costo. Doce años es un lapso superabundante y la agenda sigue pendiente. Recursos económicos hubieron en cantidades superlativas. El pasado mes de abril, la Ministra Sabina Orellana informó la drástica reducción presupuestaria de 146 a 36 millones de bolivianos (-73%); cifras que permiten realizar estimaciones grosso modo. A fin de compensar las diferencias por incrementos o reducciones anuales; tomemos una media simple entre ambos montos y tenemos 92.5 millones anuales; que multiplicados por 12 años, arroja la suma de 1.110 millones de bolivianos, monto que convertido a dólares (t/c 6.90), representarían 160 millones de dólares. La relación beneficio/costo del gasto presupuestario queda con diagnóstico reservado, porque resultaría evaluable solo si se contara con una institucionalidad ministerial sólida y definida, con políticas públicas establecidas, planes y programas detallados y actividades adecuada y suficientemente presupuestadas.
Ya no caben más improvisaciones, debe concluirse la agenda, pendiente desde el 2009. ¿Se está a tiempo? La decisión y voluntad política que se imprima será proporcional a la calidad del resultado que se obtenga.
*Larry Shiner: La invención del arte – 2018 / ** M. Shalins: Nuestra diversidad creativa-1997
El Duende 