Etiqueta: Número 719

Javier T. Cárdenas Medina

Antecedentes

Al fallecimiento del rey Carlos II (1665-1700), quien no dejó descendencia, finaliza el período de la Dinastía Real de la Casa de los Austria, que se había iniciado con el recordado Carlos I y V de Alemania (1516-1556), especialmente por el descubrimiento del asiento de minas y posterior Villa Imperial de Potosí, en 1545.

La Casa de Borbón comienza con el pariente más próximo del anterior soberano, el rey Felipe V. Este período se distingue por las profundas reformas que se introducen en los virreinatos americanos, control y una mayor recaudación para la península, eran algunas exigencias a las nuevas autoridades. El virrey que era el representante de la corona española en el virreinato, era elegido en terna y su tratamiento era de Su Excelencia. Su período de gobierno duraba entre tres a cinco años, aunque en ocasiones fueron algunos más. Era presentado por el Real y Supremo Consejo de Indias, y viajaba siempre con una “instrucción”, entregada por los consejeros de este órgano. De esta manera, el nuevo gobernante sabía lo que debía y no debía realizar en su jurisdicción. Generalmente se embarcaban en el puerto de San Lúcar de Barrameda, pasando de Portobelo a Panamá, donde nuevamente se embarcaban hacia Paita, ya que continuar hacia el Callao, se prolongaba el viaje, aunque algunos lo hacían. Su ingreso era un especial acontecimiento, entre milicias formadas, salvas de artillería y gran repique de campanas.

De un virrey animador de tertulias a virreyes arzobispos

El vigésimo cuarto virrey del Perú, marqués de Castell dos Rius, era un político y hombre de letras, que asumió el cargo entre 1707 y 1710, se le menciona como ostentoso “hecho al fausto y suntuosidad de la Corte de Versalles, arribando al Callao con un séquito de doce gentiles hombres franceses, dos pajes, un cirujano, tres músicos, dos reposteros, cinco cocineros” (Vargas Ugarte, 1971: 74). Su gestión, mayormente administrativa, fue luchar contra el contrabando, interrumpido en diversas ocasiones por actos de piratería, contra los galeones de comercio, falleció en 1710.

Continuó como virrey, Diego Ladrón de Guevara, Obispo de Quito, habiendo trabajado en Panamá, Huamanga y Quito, según Vargas Ugarte, “desarmó la pequeña flota existente, aunque dotó de fuerte guarnición las plazas de Panamá, Valdivia y el Callao”. Misteriosa y repentinamente solicita licencia para retornar a España, siéndole concedida, se designa como virrey interino o virrey gobernador al arzobispo de Charcas fray Diego Morcillo Rubio de Auñón el año de 1716. Estuvo al mando escasos 50 días, para entregar el gobierno al nuevo designado virrey Carmine Nicolás Caracciolo, existe una versión popular que afirma “que cuando estuvo frente al nuevo virrey, Diego de Morcillo dijo entre dientes: entrego a V.E. este bastón, que pronto tendrá que devolverme”. Cosa curiosa es que en 1720 Caracciolo pide licencia, traspasando el mando a Diego de Morcillo, cumpliéndose lo dicho. Cosas de Virreyes…

El Virrey arzobispo Diego de Morcillo visita Potosí y Oruro

En el Museo de América de Madrid, se exhibe una hermosa obra referente a la entrada del virrey Diego de Morcillo a la Villa Imperial de Potosí en 1716, del reconocido pintor colonial de Charcas, Melchor Pérez de Holguín. Este acontecimiento histórico, ha sido registrado a la vez por estudiosos e investigadores del tema, muy ampliamente.

Sin embargo, su breve paso por la Villa Filipense de Oruro, no ha sido mencionado, y se encuentra inédita. Durante mis investigaciones en el Archivo Histórico Municipal de Oruro, en la primera mitad del siglo XVIII de la villa de Oruro, pude identificar las actas de cabildo de 1716 que describen el suceso.

Durante la sesión del Ayuntamiento del 30 de marzo de 1716, se da noticia de la llegada del recién nombrado virrey del Perú, el Arzobispo de Charcas Diego Morcillo, es muy posible que, del estado de júbilo, los cabildantes pasaran al de la preocupación. Para la llegada del virrey, la villa de Oruro, contaba únicamente con un capitán de número de Infantería de Batallón, el capitán don Joseph de Uriona. Además que, por muerte y defecto, se estaba falto del número de capitulares. Había la necesidad de recibir al virrey, debajo de palio y así ser llevado al estilo de la Ciudad de los Reyes.

Por tales motivos nombran personas vecinas y formadas en la República, entre ellos el Maestre de Campo don Bartolomé Fernández Dávila y Origuela, al capitán don Alfonso de Uzín, a don Francisco de Amaya Ordoñez, don Francisco de Araníbar, y Alférez Real al capitán don Joseph Díaz Ortiz, para que suplan la falta de capitulares. Se prohibió su salida por ser necesarias sus personas y para enviar embajadores adonde llegue su jurisdicción.

De que se forme otra compañía, que junto a la del capitán don Joseph de Uriona, hagan guardia el tiempo que estuviere el virrey, alternándose día y noche. A su vez crear los oficiales necesarios de milicia, el corregidor como gobernador de armas. Para ello se nombró por sargento mayor al capitán don Juan Fernández y Quiroga, capitán don Francisco de Aranzibia, alférez don Julián Ondero y Ochoa, y alférez de la compañía del capitán Uriona al capitán don Antonio Toledo. Como ayudante para repartir las órdenes del virrey, al capitán don Juan de Eulate y don Miguel de Alzaga Caro.

En el cabildo se acordó también que el hospicio del virrey sea en Poopó y Sora Sora, y para recibirlo nombraron al capitán don Joseph Vélez de Ortiz, alférez Real, Maestre de Campo don Silvestre de Sentellas y asistente personal al capitán don Francisco de Araníbar, Teniente de dicho Partido. Decidieron, asimismo, que cuando el virrey salga de la villa por tierra, se pueda hospedar en la hacienda de Ataraque, y yendo por mar en la barca de Nicolás Choque, designándose para ello a los capitanes don Juan de Mogollón y Orosco, don Lorenzo Nuñez de Sotomayor y el regidor don Agustín Ibañez de Muruzábal.

Para el hospedaje del virrey Morcillo en la villa de Oruro, sea en casa del Depositario General, regidor don Joseph Rizo Balmaceda.

En cuanto a las fiestas de comedias y toros, que se han de correr en la plaza, nombraron a los Alcalde Ordinarios. Para lo que toca a las danzas, festejos y arcos al Alguacil Mayor don Pablo de Murga.

De que se hagan tres arcos triunfales, a la entrada del pueblo, en el paraje de la calle derecha del convento de la Merced, en la última calle, nombraron a don Bernardo de Salamanca, don Domingo Pacheco y don Nicolás de Chavarría.

A la entrada de la iglesia Matriz, se nombraron al capitán don Juan Gonzales, a don Pedro Rodrigo, y don Francisco de Béjar.

A la puerta del Palacio, donde se habría de apear el virrey, nombraron a don Martín de Mier, a don Juan de Uribe y don Juan Zerra.

Se hizo recuerdo a los veinticuatros Martín García de Salvatierra, y Agustín Ibañez de Muruzábal, hagan un festejo de un día. Se haga un dosel y sitial, dos sobremesas -por no tener el cabildo esta decencia- y ser muy necesaria. Se ordenó que ninguna persona se niegue, bajo multa de 500 pesos cada uno. El acta fue firmada por el corregidor capitán Carlos Ubaldi, los capitulares y el escribano Juan de Heredia. (AHMO, 1716: fs 225v-226-226v-227).

Posteriormente, el corregidor Ubaldi, anunció que el Excelentísimo don Diego de Morcillo, había determinado, pasar a la Ciudad de los Reyes, y que su estadía sería breve en la villa, mandó avisar al escribano para que notifique a las personas nombradas y vuelvan a ejecutar como estaba dispuesto.

Registros posteriores del Ayuntamiento de fecha 7 de julio, refieren que Joseph Rizo de Balmaceda, presenta un escrito del virrey Morcillo de fecha 2 de julio, en el que se le nombra Alcalde Provincial, durante el tiempo que ejerza el corregidor Carlos Ubaldi, con las mismas prerrogativas, preeminencias e inmunidades, lo que es obedecido por el cabildo. Sin embargo, el corregidor fallece el 20 de agosto, siendo reemplazado por Joseph Rizo de Balmaceda, que presentó título y nombramiento de corregidor, despachado por la Real Audiencia de la Plata.

Finalmente, se observa que el Virrey Diego de Morcillo llegó a estar en la villa de Oruro, el 2 y 3 de julio de 1716, donde emitió algunos decretos, convirtiéndose en el único representante del rey cuya estancia quedó registrada en los Libros del Cabildo de Oruro.

H. C. F.  Mansilla

El mejor régimen democrático es aquel donde las parcelas de poder están ampliamente repartidas y distribuidas. La democracia moderna presupone la división y el balance de los poderes, subrayando la necesidad de una distribución del poder entre instancias concurrentes y fomentando la competencia libre de opiniones y opciones. No puede haber, por lo tanto, un solo partido político que intente monopolizar la lealtad de los ciudadanos y representar el todo de una comunidad. Hay que recalcar que partido viene de parte. Para que el pluralismo funcione convenientemente es indispensable la existencia de la libertad de prensa en su sentido más amplio, que engloba los derechos de cada individuo y la libertad de todos los medios masivos de comunicación social. La prensa escrita, la radio y la televisión no pueden pertenecer al mismo monopolio económico, por más disimulado que este se halle.

Para que la democracia moderna pueda ser ejercida adecuadamente, se necesita que la población acepte enteramente el carácter positivo de la oposición política bajo cualquier régimen, que la libertad de prensa no sufra ningún menoscabo y que los partidos y grupos de la oposición dispongan de alguna parcela de poder efectivo. La democracia pluralista vive de la tensión entre lo controvertido y el consenso, entre el ámbito de la política, donde existen ─ y deben haber ─ diferencias en torno a las soluciones de los problemas sociales, y el terreno de las reglas del juego y de las normas rectoras, que son aceptadas, o por lo menos, toleradas por casi todos. Política en sentido estricto no existe si todo ya está predeterminado por leyes inmutables del desenvolvimiento histórico ni tampoco en una constelación de un completo relativismo de valores. Precisamente en medio de la actual euforia postmodernista, que tiende a devaluar cualquier consideración moral, Ralf Dahrendorf señaló que la ausencia de normas y la falta de códigos de honor, en una palabra: la anomia, es dañina para la libertad. “La libertad se transforma en una pesadilla existencialista en la que todo es lícito y nada es importante”. En el interior de las corrientes marxistas no se da esa peculiar contienda de normas que fundamenta el valor de una elección ética. En la obra de Karl Marx procesos y conflictos socio-históricos son vistos a través del teorema de las contradiccio­nes, en el cual uno de los elementos en juego siempre tiende a anular al otro, siendo irreconciliables las posiciones y consistiendo la lucha de los opuestos en un combate perennemen­te dual. Allí no hay lugar para corrientes intermedias, para tolerancia de las líneas divergentes, para la pluralidad de enfoques o para alternativas colocadas fuera de la dicotomía central. O se está en la línea correcta o en la equivocada. Este maniqueísmo impide tanto la reflexión moral como la acción política en sentido estricto, puesto que lo correcto en la ética y en la política se reduce a ponerse del lado de lo que las leyes históricas prefiguran como lo único aceptable. Este dogma pertenece al núcleo mismo del concepto de contradicción. Todo intento de diferenciar este concepto básico estará siempre frustrado por el dualismo esencial y recurrente que se deriva de la idea de contradic­ción. Hay buenas razones para percibir la dinámica social por medio de otra óptica, que sin renunciar a los conflictos centrales, los interprete como antagonismos, contraposicio­nes, disidencias y oposiciones, en las que una parte no signifique necesariamente la exclusión y la destruc­ción de la otra.

Debemos ver en las desavenencias y en los antagonismos un elemento esencialmente positivo y permanente de la vida social; por más curioso que suene, debemos tratar de mantener un escenario social con disensiones, oposiciones y diferencias, que, como se sabe, son la sal de la vida, de la política y, naturalmente, de la democracia pluralista. Los valores de orientación de la democracia moderna están basados en la tolerancia de los otros y hasta en el respeto de los contrarios. Aquel que piensa diferentemente y mantiene una línea política opuesta a la nuestra es meramente un adversario, y no un enemigo; tiene el mismo derecho que nosotros a sus ideas, y la misma probabilidad de tener razón. Representa otros intereses sociales, lo cual es natural y perfectamente admisible. En la mayoría de los casos su moralidad es tan buena o tan mala como la nuestra. Sus ideas sobre la política y la sociedad se basan en imágenes y conocimientos tan firmes o tan débiles como los nuestros. No lo debemos atacar para destruirlo, sino tratar de llegar a compromisos aceptables con él por la vía de la negociación. La tolerancia significa, por lo tanto, la predisposición a aceptar el conflicto permanente entre partes como algo inherente a la naturaleza humana y a la democracia contemporánea.

Con relación al conflicto, parece útil referirse a un fenómeno parecido existente en la familia. Dentro de esta última cada individuo debe resolver problemas similares a aquellos del orden social: cómo convivir con personas que le son indispensables, que las estima, pero de las cuales uno está separado a causa de ideas o sentimientos. También en el interior de la familia se trata de encontrar una forma de vida en la cual se puedan satisfacer exigencias que rivalizan entre sí. La realización de nuestros deseos y ansias va a causar probablemente odio y envidia en los otros, y tenemos que hallar los medios para canalizar esos sentimientos hacia una regulación productiva de los conflictos. Las mismas personas en la familia, que nos son importantes y hacia las cuales sentimos afecto, nos causan también problemas y obstaculizan nuestro desarrollo, mientras que nosotros las herimos y a veces pensamos en “liquidarlas”. Es el conflicto profundo que se genera cuando resulta ser que la gente que nos quiere es la misma gente que nos molesta o cuando nosotros amamos a una persona y simultáneamente nos complacemos en humillarla o, por lo menos, en causarle dificultades. Es mejor si uno puede aprender a vivir y a crecer teniendo sentimientos contrarios y encontrados, sin dejar que las pasiones desbocadas digan la última palabra. Tanto en la sociedad como en la familia se requiere de un proceso de aprendizaje, largo y penoso, que permita finalmente una convivencia aceptable entre personas de sentimientos y anhelos divergentes: comprensión y estima pese a las diferencias y a las dificultades que nos causan los otros.

La democracia moderna es un orden social que no busca la perfección, ya que esta sólo es posible con la eliminación de las contradicciones existentes, es decir suprimiendo la sal de la vida. No siendo posible ni deseable la sociedad perfecta, es preferible un sistema democrático, tolerante y pluralista que trata de evitar los excesos y las soluciones violentas mediante compromisos, pactos, alianzas y acuerdos, siempre temporales y nunca definitivos. Esto no es muy llamativo para todos aquellos que buscan una sola verdad, una única solución, un camino exclusivo y verdadero. Pero en el mundo moderno, donde conviven simultáneamente tantos intereses y tantos objetivos tan diferentes entre sí, ya no es posible aquel modelo de sociedad ideal que brinde una sola senda de desarrollo y de acción válida para todos. Por ello es conveniente la búsqueda de salidas parciales mediante la negociación con el adversario, la cual es preparada por el libre debate. La solución de los conflictos sociales estaría en manos de un método de aprendizaje por ensayo y error, es decir, por medio de soluciones pragmáticas, temporales, sometidas en todo tiempo a posibles correcciones.

La regulación de conflictos mediante la libre expresión de los puntos de vista de los contendientes y luego por medio de la libre negociación se parece al método usado en el mercado libre. La regulación pragmática basada en discusiones y arreglos, en los cuales las partes implicadas ceden algo, tiene la ventaja de reconocer desde el primer momento la vigencia de todos los involucrados y la legitimidad de sus intereses; aquí no hay derechos superiores que triunfan o que deberían triunfar sobre móviles bajos, ni tampoco “contradicciones” esenciales que sólo pueden ser superadas por la liquidación de una de las partes.

Ahora bien: la tolerancia de lo Otro y los otros, la validez de principios pluralistas y el énfasis en la necesidad positiva del conflicto favorecen indudablemente derechos y libertades individuales. Pero en su conjunto también tienen un componente social-colectivo de primer orden, pues contribuyen a respetar y reconocer los derechos de otras personas. El reconocimiento serio y permanente de terceros constituye la mejor base para el respeto de la colectividad y muy particularmente para sus intereses de largo plazo, que son los más relevantes para todos los miembros de una comunidad. En el reconocimiento de los derechos de terceros se vislumbra una red de reciprocidades mutuas: la mejor garantía para que los otros respeten y reconozcan mis derechos es que yo haga lo mismo con los de ellos. Pluralismo y tolerancia funcionan adecuadamente si son complementados por la actitud de uno de asumir responsabilidad por el conjunto de los terceros, es decir por la comunidad.  La democracia pluralista debe, por lo tanto, ser complementada por los siguientes valores colectivos de orientación: el respeto irrestricto por los otros, por la comunidad, sus intereses y necesidades; el desarrollo de una consciencia y una ética de responsabilidad social (preocupación por la dimensión del largo plazo, como en el caso de la conservación de la naturaleza); y el involucramiento voluntario de los ciudadanos en tareas cívicas que son indispensables para la preservación de importantes funciones sociales y que trascienden los intereses individuales del corto plazo. No debemos anhelar un sistema político con “su” verdad definitiva y “sus” pautas de acción siempre correctas, sino un orden donde la verdad sea meramente aproximativa, pero donde no se vaya al otro extremo de negar toda concepción del bien común.